El gobierno de Barack Obama se aplaudió hoy al informar que ha conseguido deportar una cifra récord de personas y que ha verificado y castigado a más empresas por contratar inmigrantes ilegales en dos años, en comparación al gobierno anterior.
Al destacar que las políticas de aplicación de las leyes de inmigración del gobierno de Obama son más estables y seguras que nunca, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, y su jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) John Morton, informaron el día de ayer que en el año fiscal 2010 obtuvierón remover un total de 392 mil inmigrantes. Esto indica un aumento de más de 23 mil deportaciones en total sobre las estadísticas de 2008. La mitad de los deportados, más de 195 mil, eran criminales, un aumento de 81 mil más en el tema de delincuencia, lo cual simboliza un incremento de 70% a diferencia del gobierno de George W. Bush.
Este gobierno se ha planteado en aprovechar nuestras leyes de migración de una manera inteligente y segura que da preferencia a la seguridad pública y la seguridad nacional, y hace que los empleadores que de manera consciente y frecuentada violan la ley, rindan cuentas, señalo Napolitano. También comento “hemos desplegado infraestructura sin precedente, tecnología sin precedente, y personal sin precedente, para lograr estos objetivos”.
Notificó el gobierno que desde enero de 2009 el ICE ha auditado a más de 3 mil 200 patrones sospechosos de contratar mano de obra ilegal y ha impuesto 50 millones de dólares en sanciones financieras. El gobierno recalcó que en menos de dos años ha llevado acabo más investigaciones que mientras duro el periodo del gobierno anterior.
El principal objetivo es remover inmigrantes que han cmetido cualquier tipo de delito, señaló el gobierno.
El anuncio fue criticado por promotores de una reforma migratoria, al no afrontar temas como los abusos al utilizar estas iniciativas a nivel local, ni las condiciones dentro de las instalaciones de detención para lo inmigrantes.
El Centro de Derechos Constitucionales y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) criticaron ayer las políticas de coordinación entre autoridades federales y locales para utilizar las leyes de inmigración no son muy efectivas como comenta el gobierno, y mencionaron documentos oficiales elaborados dentro de la Ley de Libertad de Información que muestran que 79% de los deportados bajo la iniciativa Comunidades Seguras no han cometido ningún delito criminal, y sólo han realizado delitos menores.
Estas denuncias de las iniciativas llevan a violaciones de derechos civiles, tal como demuestra el caso de la oficina del sheriff Joe Arpaio en Arizona. Se siguen denunciando programas como el 287 (g), que otorga a policías locales poderes para actuar como agentes de inmigración.
El Detention Watch Network, organización dedicada a monitorear este sistema de detención de inmigrantes, informa que dese 1994, el número de camas en ese sistema se ha incrementado de 5 mil a más de 33 mil, con un total de 1.7 millones de individuos que han pasado por esas instalaciones desde 2003. En promedio, el sistema de detención de inmigrantes aloja a unos 400 mil individuos por año. El costo anual es de 1.7 mil millones de dólares. De los inmigrantes detenidos 80 por ciento pasan por este sistema sin un abogado, a muchos se les niega una audiencia con derechos y son sujetos a todo tipo de abusos de sus derechos humanos, algunos incluso pasan años en esos centros. Unos 107 han muerto en detención desde 2003.
El Foro Nacional de Inmigración denunció que este tipo de programas aún no cuenta con estructuras federales para evaluar o limitar abusos de fuerzas de seguridad a nivel local.
Human Rights First reprobó que a pesar de algunas mejoras el gobierno de Obama no ha cumplido plenamente su compromiso de reformar el sistema de detención de inmigrantes, donde éstos continúan sin acceso a derechos básicos como representación legal ni apelaciones de sus casos. Informa que ese sistema mantiene a unos 33 mil 400 inmigrantes cada día en más de 250 instalaciones a través del país (hace un año eran 341), algunas de las cuales son administradas por el gobierno pero otras por empresas privadas que imponen condiciones penales y no civiles.
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